El caso Rocchi sacude el fútbol italiano, ya muy marcado por la decepción de haberse quedado fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, y amenaza con agravar la crisis de un sistema que ha tocado fondo. No hay presidente federativo ni seleccionador nacional, los clubes han obtenido malos resultados esta temporada en Europa (no hay representantes transalpinos en semifinales) y la política está lista para intervenir y poner todo a cero.
Ante la noticia del aviso de garantía al designador arbitral, la reacción del ministro de Deportes, Andrea Abodi, no se ha hecho esperar: "Lo más grave que emerge es la forma en que la propia denuncia ha sido gestionada dentro del sistema futbolístico. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta pública, tampoco sabemos quién ha recibido la denuncia ni qué órgano ha sido encargado de verificar su fundamento."
Una declaración que suena como una desconfianza explícita hacia la fiscalía federal, que sobre algunos cargos derivados de la carta del ex asistente arbitral Domenico Rocca a la Comisión Arbitral Nacional, enviada hace aproximadamente un año, había decidido archivar la denuncia. Tras ese decisión la Federación introdujo inspectores en Lissone para controlar cada acceso a la sala VAR. El jefe de la Fiscalía General del Deporte ante el Coni, Ugo Taucer, ha solicitado ahora al fiscal Chiné un informe inmediato sobre el caso.
¿La FIGC podría ser intervenida?
La noticia de la investigación sobre el designador arbitral y el supervisor VAR Gervasoni llega en un momento en el que la intervención de la FIGC ya es un objetivo no declarado de Abodi. El ministro estaba presente en la comisión de cultura del Senado cuando Claudio Lotito anunciaba un proyecto de ley para permitir que la política actuara de forma autónoma, eludiendo al presidente del Coni, quien en esa ocasión había aclarado que las condiciones previstas por la normativa no se cumplían por el momento.
Sin embargo, el caso Rocchi lo cambia todo y, como recuerda La Stampa, podría ofrecer ese comodín que muchos esperaban desde el El 3 de abril de 2024, día de la dimisión de Gabriele Gravina: un pretexto para frenar la carrera a la presidencia de la FIGC de Giovanni Malagò, adversario común de Abodi y Lotito y considerado cercano a Marotta, con Abete como alternativa bien vista en esos mismos entornos.
El ministro lleva tiempo trabajando en un proyecto para hacer autónoma la justicia deportiva, desvinculándola de las federaciones, y ahora las dudas sobre la actuación de Chiné podrían darle la oportunidad que buscaba. El caso se convierte así en político, tanto que ya hay quien quiere trasladar la investigación sobre los árbitros a Roma por competencia territorial.
Justicia deportiva: ¿pueden verse implicados los clubes?
La investigación penal de la Fiscalía de Milán podría tener repercusiones no sólo a nivel institucional, sino también en el ámbito de la justicia deportiva. De hecho, la Fiscalía Federal tiene la facultad de intervenir de oficio con una investigación incluso solo a partir de noticias de prensa, como ya ha ocurrido en el pasado y como explica Flavia Tortorella, asesora de clubes deportivos y profesora de derecho deportivo a La Stampa:
"La fiscalía federal puede abrir la investigación con las noticias de prensa. Puede entonces solicitar los documentos a la Fiscalía de la República, que decide si entregarlos de inmediato o solo al cierre de las investigaciones. Desde el momento en que la noticia de un ilícito se inscribe en el registro, comienzan los plazos previstos por el código para las llamadas investigaciones preliminares: sesenta días, más prórrogas de cuarenta y veinte."
Entre los cargos, el relativo al presunto condicionamiento del responsable VAR Daniele Paterna ya había sido archivado por la Fiscalía Federal. Sin embargo, el archivo no impide una posible revisión y, por tanto, la reapertura de la investigación si surgen hechos o circunstancias nuevas que no se conocían en el momento de la primera decisión.
Entre los elementos que han hecho saltar las alarmas en la Fiscalía Federal y la empujan ahora a actuar está sin duda el caso de los árbitros considerados "no deseados" o "deseados", con una referencia directa al Inter. Una situación que recuerda los fantasmas de Calciopoli y lleva a una pregunta inevitable: ¿qué riesgo corren los clubes?
"Depende de si se plantea o no una participación en la comisión del ilícito", explica Tortorella. "Hay que ver si la Fiscalía de la República dispone de pruebas sobre la implicación de personas vinculadas a un club." En el plano deportivo, la participación en el fraude podría encuadrarse como ilícito deportivo según el artículo 30 del código de justicia deportiva, o como violación del principio de lealtad recogido en el artículo 4.
"El fraude deportivo y el ilícito deportivo protegen el mismo bien jurídico: la competencia deportiva leal, la llamada triada de los deberes de lealtad, corrección y probidad. Por eso, un procedimiento penal por fraude suele ser casi siempre un corolario del procedimiento deportivo por ilícito deportivo, que está entre los delitos más graves previstos por el código de justicia deportiva."
La pregunta más importante
La cuestión que más preocupa ahora al fútbol italiano, y que podría acarrear las peores consecuencias, es solo una: ¿con quién se reunía Rocchi? En el aviso de garantía se hace referencia a reuniones celebradas en el estadio San Siro, pero no está claro si el designador en esos "encuentros secretos" se veía con otros altos cargos del mundo arbitral o con directivos o emisarios de clubes de la Serie A, con el Inter en el horizonte por el lugar y los cargos imputados. Según los fiscales, de hecho, habría habido una reunión en el estadio el 2 de abril de 2025 entre el designador arbitral (que se ha autosuspendido, aunque se declara ajeno a los hechos) y personas que por ahora no han sido identificadas.
En el primer caso, la investigación quedaría limitada al ámbito arbitral, es decir, afectaría a las altas esferas de la AIA. En el segundo, el riesgo es que se extienda de forma preocupante a los clubes, hasta convertirse realmente en una segunda edición de Calciopoli.
Las posibles consecuencias disciplinarias
Las similitudes, al fin y al cabo, existen y es inevitable pensar en ello: también este caso parte de un procedimiento penal por fraude deportivo como principal acusación. La Fiscalía Federal, una vez reciba los documentos desde Milán, deberá ahora valorar la existencia real de las conductas y, sobre todo, su relevancia como infracciones disciplinarias, determinando así si se trata de un ilícito deportivo o de una violación del principio de lealtad deportiva.
Una vez aclarado esto, la Fiscalía de la FIGC podría acusar a los federados por responsabilidad directa y a los clubes por responsabilidad objetiva. Las sanciones, como en el pasado, podrían ser bastante duras para los clubes implicados: desde suspensiones y inhabilitaciones hasta pérdidas de puntos en la clasificación.