El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, junto al director general Andrea Chiavelli, ha sido enviado a juicio por la jueza Rosamaria De Lellis del Tribunal de Roma.
La solicitud fue presentada por los fiscales Lorenzo Del Giudice y Giorgio Orano. El juicio está programado para el 2 de diciembre de 2026.
El trienio 2019-2021 y las supuestas plusvalías ficticias
El envío a juicio es consecuencia de operaciones sospechosas, especialmente la contratación del delantero Victor Osimhen procedente del Lille en la 2020.
La acusación de los fiscales es falsedad contable en los ejercicios 2019, 2020 y 2021: en el verano de la 2019, el club napolitano fichó al defensa griego Kostas Manolas desde la Roma en una operación que incluyó también al centrocampista guineano Amadou Diawara.
En la 2020 llegó el delantero nigeriano, mientras que el portero griego Karnezis y otros tres jóvenes de la cantera, Manzi, Palmieri y Liguori, tomaron el camino inverso, en transacciones con valoraciones infladas.
Para la Fiscalía, las operaciones del Napoli deben considerarse plusvalías ficticias, una tesis que siempre ha rechazado el máximo dirigente del club, aunque nunca ha estado presente en las audiencias anteriores, al igual que su colaborador más cercano, el director general Chiavelli.
¿Qué riesgo corre el Nápoles?
Los partenopeos, De Laurentiis y Chiavelli no se enfrentan a sanciones, multas ni suspensiones. Sobre este asunto, el fiscal de la FIGC, Chiné, ya se pronunció en la 2022 y decidió archivar el caso.
Hace unos meses, Chiné solicitó y recibió los documentos de la investigación de la Fiscalía de Roma para una posible revisión del caso, pero en los papeles no se encontraron elementos que permitieran reabrir el proceso.